El TSJM ratifica la condena al Ayuntamiento de Boadilla del Monte por acoso laboral

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la condena contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por los «daños morales» infringidos contra la funcionaria Ana María Garrido. El TSJM da así la razón a la extrabajadora del Consistorio, que denunció tras sufrir acoso laboral, y ratifica la condena dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de Móstoles, que obligó a Boadilla, gobernada por el PP, a indemnizar a Garrido con más de 95.000 euros.

Garrido, que estuvo durante más de 20 años trabajando en dicho Consistorio, fue una de las primeras personas que denunció la trama ‘Gürtel’. La red dirigida por Francisco Correa tenía en Boadilla uno de sus principales cortijos. Garrido, tras conocer estas ilegalidades, escribió una carta el 2 de diciembre de 2007 a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relatando lo que ocurría en la localidad. El juez ratifica la condena al Ayuntamiento y valida las grabaciones de la extrabajadora. Al no obtener respuesta, Garrido escribió una segunda carta a Aguirre en 2009. Incluso elaboró un informe con más de 300 páginas sobre la trama corrupta y hasta publicó un blog.

Ahora, Garrido es una de las principales testigos de la Fiscalía en la investigación del caso. Pero le costó caro. El alcalde de la localidad por aquel entonces, Arturo González Panero (PP), la sometió a un política de acoso que la obligó a darse de baja psicológica: le quitaron el teléfono móvil, la cambiaron de despacho, estuvo apartada de algunas funciones… el siguiente alcalde, Antonio González Terol (PP), siguió el mismo ejemplo que su predecesor. El juez no solo ratifica la sentencia del Juzgado de lo Social de Móstoles, sino que también valida las grabaciones que hizo Ana de las conversaciones con su jefe, donde reconoce que sus trabajos eran paralizados a propósito porque «quieren que te canses» y que se lo iban «a hacer pasar mal».

La oposición pide dimisiones

Según Alternativa por Boadilla el concejal de Juventud y Deportes, Adolfo Arias Javaloyes «tiene la obligación» de dejar su cargo político: «el Concejal tiene que dimitir. Es inadmisible mantener a un político inmerso en un escándalo tan grave y siendo Ana Garrido testigo del Caso Gürtel” declara Ángel Galindo, portavoz del grupo Los Independientes de Boadilla consideran que si «Javaloyes no dimite inmediatamente, deberá ser el Alcalde el que lo cese, o será responsable de mantenerle en el cargo».

«Que el Gobierno de Antonio González Terol, que supuestamente prometió limpieza y mano dura contra el anterior Gobierno Gürtel sea condenado por acosar a la trabajadora testigo en este caso de corrupción, habla bien a las claras de la doble moral que tiene el Partido Popular en la Gürtel de Boadilla» señala por su parte Cristina de Lara, secretaria general de los socialistas boadillenses. Y éstos van un paso más allá que APB: «Una sentencia firme a un político, por acoso, es una nueva vergüenza que el Partido Popular infringe a la ciudadanía y a Boadilla. Si no lo hace, el que tiene que dimitir y se hace responsable del acoso es el Alcalde”.

El discurso de IU Boadilla es similar: «Sería inadmisible mantener en un cargo público a una persona condenada en firme por acoso laboral. Además, esta noticia evidencia que jamás existió regeneración en el Ayuntamiento de Boadilla ni en el PP local, y que la Justicia sigue condenando a este consistorio por hechos relacionados con el caso Gürtel». IU y PSOE piden, además, que sea el PP de Boadilla quien corra con los gastos que ha supuesto este caso.

Texto: Europa Press/Redacción

Foto: Elmundo.es