Tras el servicio de inspección fiscal, Ayuntamiento y el PSOE se enredan en el punto limpio

Nuevo cruce de comunicados entre los socialistas y el equipo de Gobierno. Si la semana pasada tuvo que ver sobre la acusación, y posterior desmentido, de la privatización del servicio de inspección fiscal, en esta ocasión se trata sobre la prórroga del contrato de la empresa encargada de gestionar el Punto Limpio de Boadilla.

Los socialistas se quejan de que el Ayuntamiento prorrogue por dos años más este contrato, que fue contratado en 2007 por un período de una década: “Nos parece increíble que en vez de sacar un concurso público para que se presenten todas las empresas que quieran, vuelva otra vez a conceder una prórroga a una empresa adjudicada por el Gobierno de la “Gürtel del Albondiguilla”, dice su portavoz, Delia López. La concejala afirma que «una cosa es hacer declaraciones sobre que no tienen nada que ver con el Gobierno de la Gürtel y otra cosa distinta es conceder prórrogas no obligatorias a empresas adjudicadas por el Gobierno que está siendo investigado en la Audiencia Nacional». Desde el PSOE de Boadilla piden que se saque un nuevo concurso público, dado que el contrato vence en el próximo mes de marzo.

El Consistorio, por su parte, ha emitido un comunicado de defensa en el que recalca que «el Punto Limpio es el servicio más valorado por los vecinos, según se desprende de las evaluaciones de calidad que se realizan sobre los servicios municipales» y que «sobre el contrato actual no pesa ninguna orden judicial que impida su prórroga». Según fuentes municipales, esta empresa gestiones puntos limpios de administraciones de diferente signo político: «Extraña que esto represente un problema solo en Boadilla del Monte y no así en el resto de administraciones de España en las que trabajan».

En opinión del Ayuntamiento, «los vecinos no deben pagar los «platos rotos«. El criterio del equipo de Gobierno a la hora de realizar una prórroga de contrato es mantener la calidad de los servicios y no perjudicar a los contribuyentes». Asimismo, señalan que «si la lógica es que todo aquello que haya sido contratado o realizado por anteriores alcaldes hay que destruirlo sin orden judicial alguna, las consecuencias serían la más absoluta paralización de los servicios de la localidad y un alto coste económico«.